En gasolina y diésel, IP gana mercado récord al mes de agosto

De enero a agosto de este año, uno de cada cuatro litros de gasolina vendida en el país y uno de cada tres litros de diésel fueron importados directamente por empresas privadas, participaciones que representan un nuevo máximo en momentos en los que nuevas políticas del gobierno mexicano han planteado serios desafíos para la continuidad de las importaciones privadas.

Durante los primeros ocho meses del año, las importaciones de gasolina de permisionarios privados se incrementaron 62.6% a 169,322 barriles diarios, con lo que elevaron su participación en la oferta total del carburante –calculada como la producción nacional más las importaciones menos las exportaciones– de 16 a 24% con relación al mismo lapso del 2020, de acuerdo con cálculos a partir de cifras reportadas por la Secretaría de Energía.

En el caso del diésel, la internación de producto por parte de particulares se elevó 25.2% a 103,240 barriles diarios en promedio, de modo que su participación en la oferta nacional del carburante pasó de 26 a 32 por ciento.

Entre enero y agosto pasados, la oferta de gasolina se incrementó 8.4% a 715,033 barriles diarios, aunque aún se encuentra 9.8% por debajo de su pico previo a la pandemia, registrado en el 2018. El 70% del combustible es importado.

La oferta de diésel, por su parte, se elevó 2.2% a 323,792 barriles diarios, cantidad que es 22.2% inferior a la del 2018. El 65% del carburante comercializado en el país es de origen importado.

Este 2021 se cumplen cinco años de que se dio por terminado el monopolio de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la producción, importación y comercialización de petrolíferos, lo que dio pie a que los privados pudieran obtener permisos de importación y desarrollaran infraestructura de transporte propia.

El terreno ganado por los particulares es espacio perdido por Pemex, quien hasta el 2015 controlaba el 100% de la producción, importación y comercialización de producto y se trata de una tendencia que el presente gobierno ha tratado de revertir a través de modificaciones legales y reglamentarias.

La primera fue la reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada por la mayoría senatorial de Morena –el partido gobernante– el pasado 22 de abril y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de mayo siguiente.

Esta marca condiciones más restrictivas para que los privados obtengan permisos de importación y otorga libertades al Estado para que tome control de infraestructuras de despacho de particulares si considera que de ello depende la seguridad energética del país.

Paralelamente, el Congreso avaló –también gracias a la mayoría morenista– modificar el artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos, para poner fin a la regulación asimétrica de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que busca limitar el poder de mercado de Pemex, por ser el agente económico preponderante.

Ambas modificaciones se mantienen congeladas, ya que los tribunales especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión han otorgado suspensiones a una multitud de empresas que promovieron juicios de amparo, bajo el argumento de que los cambios a la Ley de Hidrocarburos van a contracorriente de la apertura de mercado en hidrocarburos que quedó consagrada en la Constitución, gracias a la reforma en materia energética del 2013-2014.

El pasado 12 de junio, en lo que fue calificado como un nuevo intento del gobierno de socavar la apertura del mercado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó cambios en las reglas de comercio exterior que prohíben que los permisionarios privados puedan importar producto en lugares distintos a las aduanas (terrestres, aéreas o marítimas), dejándole este privilegio únicamente a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la práctica, los cambios en las reglas de comercio exterior dejarían inservibles instalaciones privadas como terminales de almacenamiento, puesto que ya no sería posible utilizarlas para recibir producto importado, lo que sólo podría hacerse en las aduanas.

 

Fuente: El Economista